La situación de violencia que viven las mujeres hoy en día es alarmante, los casos de feminicidios y desapariciones forzadas han aumentado dramáticamente en 2022, por ello los colectivos feministas han impulsado el uso de armas de defensa personal como gas pimienta, tasers y hasta navajas.
Pese a que su uso se promueve con gran fuerza en redes sociales con el fin de que las mujeres no se sientan inseguras a la hora de caminar por las calles de su ciudad, la realidad es que portar estas herramientas cae en la ilegalidad en algunos estados del país.
En Monterrey, ciudad en donde se vive una ola de violencia hacia las mujeres nunca antes vista, se vende a través de redes sociales productos de defensa personal. Un gas pimienta con silbato se puede encontrar en 150 pesos, mientras que un kit más completo con alarma, linterna, rompe ventanas y hasta navaja oscila entre los 250 y 500 pesos. Incluso se han viralizado "recetas" sobre cómo hacer un gas pimienta casero.
El uso de gases lacrimógeno, sin especificar su tipo, es permitido en Nuevo León únicamente en situaciones donde la integridad esté en riesgo. Mientras que los objetos cuyo propósito es cortar, pinchar o herir a una persona no están permitidos al igual que en otros puntos de la república.
De hecho, solo en Puebla el Código Penal permite el uso de gas pimienta y los inmovilizadores como herramienta de defensa personal para las mujeres.
Sin embargo el foco de peligro hacia las mujeres ha avanzado a gran escala por todo el país, lo que muestra una gran necesidad y urgencia por cambiar las leyes, así como brindar información respecto al panorama de inseguridad y las alternativas legales que se tienen cuando se está en peligro.
Recientemente se planteó una iniciativa de ley que reforma el artículo 160 del Código Penal Federal para hacer legal la portación y uso de armas o instrumentos electrónicos como teasers y gasificadores, siempre y cuando esto no provoque la pérdida de conocimiento ni represente un riesgo para la vida de las personas.
Lamentablemente no ha habido una respuesta por parte de las autoridades que garanticen la seguridad de las mujeres, los distintos colectivos del país han realizado marchas más allá del 8M para exigir justicia por casos de violencia, recientemente el caso de Debanhi Escobar puso en evidencia la mala estrategia que existe para salvaguardar la integridad de las mujeres del peligro de las calles ausentes.
Estas han sido solo algunas de las razones para que las ciudadanas acepten el riesgo de portar estas herramientas de defensa personal sin importar si es o no legal, pues quieren llegar vivas a casa.