Ricky Martin podría estar en problemas con la justicia de Puerto Rico, y es que un juez de la isla ha emitido una orden de restricción contra el cantante por el delito de violencia doméstica.
Las autoridades del país caribeño visitaron un vecindario de lujo en Dorado, una ciudad en la costa norte de Puerto Rico en la que habita el intérprete de 'Livin la vida loca', sin embargo hasta el momento la policía no ha podido dar con el paradero del cantante.
Hasta ahora se desconoce quién fue la persona que solicitó la orden de restricción y es que el vocero de la policía dijo que no proporcionaría más detalles debido a que la orden fue presentada en virtud de la ley de violencia doméstica de Puerto Rico.
Según esta versión, Martin y la otra parte “se relacionaron por siete meses. Se separaron hace dos meses, pero el peticionado no acepta la separación. Lo llama con frecuencia”. Aparentemente el puertorriqueño ha estado “merodeando su residencia en al menos tres ocasiones” y el peticionario teme por su seguridad, por lo que tomó la decisión de solicitar una orden de restricción.
La orden de restricción prohíbe a Martin ponerse en contacto con la otra parte en cualquiera de sus formas, posteriormente el juez determinará si la orden debe permanecer en vigor o ser retirada.
Equipo legal de Ricky Martin niega acusaciones de violencia doméstica
Sobre estas acusaciones, el intérprete de 'Pégate' no ha dado a conocer su postura, sin embargo el equipo legal del puertorriqueño, Perfect Partners, dio a conocer un comunicado:
"Las alegaciones contra Ricky Martin, que conducen a una orden de protección, son completamente falsas. Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado", dice el comunicado.
Cabe mencionar que no está claro cómo sucedieron los hechos en los que se encuentra implicado el cantante ni qué tipo de relación sostuvieron, recordemos que el puertorriqueño está casado con Jwan Yosef y juntos han criado a sus cuatro hijos.
Tampoco se sabe cómo llegó a involucrarse la policía, puesto que la otra parte no acudió directamente con esta autoridad, sino a los tribunales.
De acuerdo con las autoridades del país caribeño, la orden estará vigente al menos por un mes antes de que se evalúe si es retirada o permanece.